Responsabilidad del Estado

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El Estado en general (incluyendo todos sus órganos), si provoca un daño al ciudadano cuando ejecuta los servicios públicos, es responsable civilmente por el daño cometido y está obligado, como cualquier persona, a repararlo integralmente. (art. 24 de la Constitución de la República))
Esta responsabilidad, puede ser de tres clases: legislativa, si el daño proviene de una ley, jurisdiccional, si el daño es cometido por un órgano actuando en función jurisdiccional (ejemplo prisión indebida que sufre una persona a causa de un error judicial) y por último la responsabilidad administrativa, que es la más amplia e incluye todos los actos y hechos cometidos por los funcionarios en ejercicio de la función pública.
Un elemento a considerar con especial atención es que la responsabilidad del Estado tiene un plazo de prescripción de cuatro años, por lo que no debe demorarse en empezar los trámites para hacerla efectiva y evitar que se disperse la prueba.

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